Legitimidad moral del héroe de Lazcano – A. Negro

Hasta el pasado martes por la noche pensaba enviar mi prometido artículo acerca de las andanzas y otras historias de Alberto López Viejo, el ex Consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, diputado autonómico y miembro del equipo de organización de Juan Carlos Vera. Pensaba. Porque fue el martes cuando vi las imágenes de Emilio indignado, cabreadísimo y harto destrozando una borrico caverna de esas que se supone Baltasar Garzón tiene intervenidas por coadyuvar a la financiación de la banda terrorista ETA. Emilio estaba, como gran parte de la atemorizada sociedad vasca, hasta las narices de los asesinos nacionalistas que matan en nombre de una “Euskalherria socialista”, secuestran, torturan y ponen bombas a su antojo ante la pasividad absoluta del gobierno del PNV; gobierno que si los electores no lo remedian lleva camino de batir el récord de permanencia en el poder de Franco. Así pues Emilio, impotente viendo cómo la jauría pro etarra se burlaba y hacía chistes a costa del último bombazo que había destrozado la vivienda que él, junto a su padre, ex edil socialista, había estado reformando durante años con sus manos, no se lo pensó dos veces y, en una reacción humana y perfectamente comprensible, cogió una maza, se presentó a cara descubierta –rostro que apareció en “Telecinco” y “El Mundo” sin pixelar y que permitió su inmediata identificación por parte de los de Otegui- delante de la covachuela y se lió a golpes contra cristales, televisor, nevera…

Las reacciones ante la acción este valientehan sido diametralmente opuestas según de quién se trate: mientras la inmensa mayoría de la ciudadanía se coloca del lado de Emilio, el PNV, el árbol y las nueces, lo compara con los etarras, Patxi López se muestra preocupadísimo porque Emilio y su familia no podrán volver a vivir tranquilos en su tierra, Basagoiti (PP) pone los servicios jurídicos de su partido a disposición del joven vasco, varios bufetes de prestigiosos abogados, entre los que se encuentra Javier Nart, se ofrecen para llevar su defensa… y Zapatero, el de los “trágicos accidentes mortales” y máximo responsable junto al Jefe del Estado de la dejación de funciones del Estado en cuanto a la protección de la vida y propiedad de los ciudadanos, afirma, como no podía ser de otra manera, que “no podemos darle respaldo”.

El asunto que ahora se dirime es si la reacción de Emilio está moral legitimada o no. La respuesta del régimen y lo políticamente correcto, que tiene que justificarse a sí mismo, es “no”. Veamos si es así.

Las leyes no están para que algún déspota se dedique, respetando las normas procesales, esto es, legalmente, a “otorgar” derechos o imponer su moralidad. Tampoco se conceden derechos mediante una Constitución, ya que los derechos son inherentes a toda persona desde el mismo momento de su nacimiento e incluso antes (nasciturus). Defenderse ante una agresión es obligación moral de toda persona, que debe defender su vida, propiedad y libertad frente a los agresores y, además, resarcirse por los daños causados por quien inició el uso de la fuerza (en este caso ETA al destrozar la propiedad privada de Emilio).

Sucede que, por eso de evitar el “ojo por ojo más uno” y con ello la guerra eterna aparece el Derecho: para resolver de forma pacífica los inevitables conflictos. Derecho que no es tal por ser justo sino que es justo por ser Derecho (Ortega y Gasset) y no está para limitar ni otorgar privilegios a grupos en detrimento de otros. Las leyes que suprimen derechos para evitar el conflicto no son, ciertamente, Derecho: son legislación e ilegítimas por antijurídicas. Cuando legalidad (motivación) y legitimidad (deber) no coinciden no podemos hablar de Derecho. En las sociedades avanzadas se deja en manos del Estado o Gobierno, cuya función primordial, que justifica y legitima su existencia, es velar por la protección de los derechos del individuo y por el resarcimiento por los daños causados. Que el Estado en España lleva décadas haciendo dejación de sus funciones, incumpliendo con su deber, y por lo tanto deslegitimado, es algo que tal vez muchos ciudadanos no comprenden pero sí intuyen. Basta con acercarse a cualquier encuesta del CIS para darse cuenta de la imagen que del Poder Judicial tienen los ciudadanos. ¿Quién, salvo los buenistas partidarios de la desaparición del carácter sancionador de la pena y su sustitución por clases de jardinería (reinserción) que para poco sirven, no comprende y comparte la desesperación de los padres de Mari Luz o Sandra Palo o el cabreo sordo de Emilio? Intuyen que si ellos no se defienden y resarcen por su cuenta nadie lo hará. Intuyen la antijuridicidad de nuestra legislación, dedicada a otorgar privilegios de casta y proteger al agresor frente al agredido. Es lo que afirman, una y otra vez, las víctimas de delitos violentos cuando, dolidas e impotentes, afirman que “no hay Justicia”. Cierto, en España hay legalidad o, como decía Bastiat, “despojo legal” más no Derecho ni Justicia.

Sí, la acción de Emilio, después de 30 años de terror, está más que justificada. Es más, la reacción de Emilio es la respuesta moral que toda persona libre debe dar, dada la inacción del Estado, frente a los criminales. Bravo, Emilio.